EL ALUD EN TARTAGAL: LOS WICHIS SABÍAN DE LO QUE HABLABAN/ FUNCIONARIOS SALTEÑOS SON INTERPELADOS POR LA CORTE DE JUSTICIA
EN ENERO, SILVINA HERRERA, REDACTORA DE PERFIL, ESCRIBIÓ UNA EXTENSA Y DOCUMENTADA NOTA SOBRE UNA PRESENTACIÓN REALIZADA POR LAS COMUNIDADES ABORÍGENES DE SALTA ANTE LA CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN PARA DETENER EL DESMONTE QUE DEVASTABA LA REGIÓN.
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EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, YA SE PERDIÓ 1,2 MILLÓN DE HECTÁREAS DE BOSQUES NATIVOS EN LA PROVINCIA.

“La tragedia ambiental aumentará y traerá cada vez más consecuencias humanitarias”, advertían a PERFIL las comunidades aborígenes que llevaron a la Justicia su reclamo para detener el desmonte. La realidad parece darles la razón: un alud de agua y tierra provocó desaparecidos, evacuados y casas destruidas en la ciudad salteña de Tartagal.
Los wichis vienen denunciando, hace tiempo, que el desmonte para sembrar soja y la tala de madera los desplazan de sus tierras y generan un desequilibrio en el ecosistema.
En diciembre pasado los aborígenes presentaron en la Corte Suprema un reclamo para detener el desmonte, luego de que 414.934 hectáreas habían sido arrasadas en Salta entre 2002 y 2006. La deforestación no sólo arrasa con los bosques naturales, también deja a familias enteras sin un lugar donde vivir y sin una fuente de trabajo. El Máximo Tribunal ordenó detener el desmonte y convocó a una audiencia pública entre las partes el próximo 18 de febrero.
Alicia Oliveira, ex defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y patrocinadora de los wichis en la presentación ante la Corte explicó a PERFIL que el desastre en Tartagal se produjo porque la naturaleza fue corrompida al hacer desaparecer el bosque. “El árbol cumple dos funciones: por un lado las raíces absorben el agua y por otro impiden que la tierra se deslice”, consideró y agregó: “El alud fue una consecuencia de la falta de árboles. El agua no se pudo parar y barrió las poblaciones”.
La tragedia ambiental y el desastre humanitario aparecen como consecuencias inseparables del desmonte sin control en la provincia. Oliveira aseguró que no está sorprendida: “Sabíamos que esto iba a pasar, lo venimos advirtiendo hace tiempo. En Santa Victoria Oeste, que está atravesada por un arroyo, no se puede ir porque caen dos gotas y queda aislada”.
La licenciada Norma Naharro, del Foro Salteño por la Tierra, indicó que el problema no fue sólo el desmonte para cosechar soja: “En esta zona se realizaron muchas picadas, que son caminos que abren las empresas petroleras. Se incumplieron las pautas técnicas ambientales”. Naharro dejó en claro que no se trató de una “tragedia natural” y aseguró: “Fue la suma de todo: el desmonte para el agro, la tala de madera y las picadas. Este desastre se debe al maltrato que sufrió la naturaleza por decisiones humanas y políticas”.
Como siempre, las autoridades del Gobierno y las empresas son señaladas como responsables. Aunque los funcionarios negaron la relación con el desmonte, el viernes la presidenta Cristina Kirchner reglamentó la Ley de Bosques para “articular el cuidado del medio ambiente”. Oliveira advirtió que “no se trata de construir nuevos puentes porque se van a volver a caer, el problema es estructural. Si no se recompone el ambiente va a seguir pasando”.
La abogada confirmó que realizaron un pedido de informes al poder político de la provincia de Salta, dirigido al gobernador Juan Manuel Urtubey, sobre las empresas que efectuaron desmontes en la zona, pero todavía no recibieron ningún tipo de respuesta.
“Como son corporaciones que compran los terrenos es difícil saber quiénes son”, aseguró, pero no son pocas las sospechas que hacen creer que algunos funcionarios tienen intereses económicos, por eso no detienen el desmonte.
Naharro, del Foro Salteño, admitió: “Estamos investigando cuáles son las empresas que están detrás de todo esto, ahora lo urgente es atender la emergencia y a la gente evacuada”, sin embargo, no ahorró críticas al gobernador: “Las autoridades saben lo que estamos diciendo. Hablamos con Urtubey cuando era candidato y nos prometió atender el problema, pasó un año y no hizo nada de lo que prometió, no fue coherente, decía que tenía las manos atadas, pero no hubo voluntad política, porque lo que la Corte dictaminó nos da la razón”.
Las esperanzas de que la situación se revierta son mínimas, luego de tantos años de palabras vacías. La licenciada indicó: “Nosotros seguiremos denunciando la catástrofe, porque detrás del problema ambiental hay una cuestión social y personas que están sufriendo”.
El miedo llega hasta el monte
El antropólogo John Palmer recorre todos los días la ciudad de Tartagal. “Estamos sitiados por el barro”, se lamentó al contar la desesperante situación en la zona: “Me encontré con un conocido sentado en la vereda con su familia, su casa no tenía techo y estaba cubierta de agua. Esta imagen se repite en todas las esquinas”.
El alud de agua y tierra alcanzó hasta ahora a zonas urbanas, pero desde la periferia, las comunidades aborígenes temen que la catástrofe ambiental los alcance también a ellos. Eduardo Rivero, de la Comunidad Misión Wichi Chowayuk, habló con PERFIL desde Salta y sostuvo: “Tenemos miedo, el agua podría llegar y arrasaría con todo, no quedaría ni uno”. Rivero indica que el alud se llevó la mitad de Tartagal y que se están reuniendo para determinar cómo resistir en caso de que los alcance. “Estamos rogando a Dios que no llegue”, dijo, acostumbrado a enfrentar las topadoras que vienen a arrasar la tierra milenaria.
Palmer explicó que hay “éxodo de gente en el Pilcomacho, que es una zona de emergencia, pero no tiene difusión”, y agregó: “A nadie le importa lo que le pasa a las comunidades aborígenes, sólo se da a conocer cuando la afectada es la gente del pueblo, ahí sí hasta viene la presidenta. Hay una enorme discriminación”.
El profesional que vive cerca de la zona del desastre cree que todo esto puede servir para que las autoridades reaccionen: “La opinión pública puede parar el desmonte, obligando a los políticos a hacer
algo”.

Por Silvina Herrera
Fuente: Perfil
Más información: www.perfil.com
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EN LA JUSTICIA

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mostraron impresionados por la magnitud de la deforestación en Salta, que en los últimos 10 años arrasó con 1.200.000 de hectáreas de bosques nativos. En la primera audiencia tras haber ordenado suspender los desmontes en el norte de la provincia, a los jueces no les quedó duda de que la tala masiva tiene un impacto negativo en el medio ambiente.

Decenas de delegados indígenas colmaron la sala o siguieron la audiencia en un espacio acondicionado en el hall. Los jueces -que demostraron estar compenetrados de la demanda de las comunidades indígenas- escucharon primero a su abogado, Raúl Ferreyra, quien mostró la progresión de la deforestación en Salta, en especial entre 2004 y 2007. "A este ritmo, en 15 años acabaríamos con todos los bosques de la provincia", alertó.

Ferreyra explicó también el concepto de territorio, que rige la vida de los pueblos originarios, por el uso integral y sustentable que hacen del monte. Cabello largo y vincha roja, Dino Salas, de San Ignacio, habló a los jueces en nombre de las comunidades, "para pedirles que nos tengan en cuenta", y "que protejan a la gente y a los animales".

Poncho salteño plegado al hombro, el criollo Andrés Riera, de Hickmann (cerca del Bermejo), se sacó el sombrero, saludó primero "a las señoras juezas" y contó cómo se fue degradando el Chaco salteño: "A veces hay lluvias muy grandes que arrasan con parte del pueblo y de las comunidades. Aparecen nuevas enfermedades".

"Es injusto no tomar los recaudos necesarios -planteó-. ¿Cómo puede ser que ingenieros permitan que al cerro le saquen la selva? Dejaron la tierra suelta, y el barro arrasó con Tartagal".

El fiscal de Estado de Salta, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Medio Ambiente, Julio Nasser, soportaron una dura interpelación de los jueces, en especial del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y de Juan Carlos Maqueda. Confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las comunidades, ni tampoco la sumatoria de efectos. Que las audiencias públicas no tenían difusión ni facilidades para que asistieran los pobladores. Que las autorizaciones se aceleraron y multiplicaron en los meses previos a la sanción de la Ley de Bosques. Maqueda fue suspicaz: "¿No será que la ley salió recién cuando se otorgaron todos los permisos?"

A la luz de las preguntas, la cuestión quedó perfilada como un caso emblemático. Lorenzetti subrayó que Salta ya aprobó su ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, pero antes de hacer el mapa respectivo. "¿No sería prudente suspender los desmontes hasta ver cuál es el impacto global? La Corte dicta una medida cautelar en función del principio precautorio, y ustedes sostienen todo lo contrario", objetó el presidente.

"¿El desmonte de 1,2 millón de hectáreas produce impacto negativo?", insistió. Tanto Nasser como el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, reconocieron que sí. Pero confesaron que no hay estudios al respecto.

Por Sibila Camps
Fuente: diario "Clarín"
Más información: www.clarin.com