LUIS ALBERTO QUEVEDO: ‘LAS CÁMARAS DE TV LE DAN LEGITIMIDAD AL FALLO Y GARANTIZAN LA TRANSPARENCIA DEL JUICIO’
EL ESPECIALISTA EN MEDIOS OPINA SOBRE LA TELEVISACIÓN DE LOS JUICIOS.

El Tribunal Federal Oral 5 sigue restringiendo el acceso a la prensa a los procesos que se llevan adelante para determinar la actuación y responsabilidad de torturadores y apropiadores de la última dictadura militar. Los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado ya lo establecieron en los casos de Julio Simón (el Turco Julián), Héctor Febrés y los responsables de la Masacre de Fátima y la Mansión Seré. El debate que abrió la no toma de imágenes durante el juicio oral y público al represor Jorge Olivera Róvere causó quejas y reclamos entre organizaciones de prensa y organismos de derechos humanos. La Asociación de Reporteros Gráficos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Asociación de Ex detenidos desaparecidos (Aedd) y el fiscal Félix Crous se pronunciaron en contra. Y la agrupación Hijos realizó un “camarazo” frente a los tribunales para exigir que sea público el rostro del ex subjefe del Primer Cuerpo del Ejército, acusado de un centenar de asesinatos. Miradas al Sur entrevistó al especialista en medios Luis Alberto Quevedo, sociólogo y director del área de Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para que opine sobre el tema.

–¿Qué le pareció la decisión de la no televisación de los actuales juicios a represores?

–Estamos hablando de los juicios orales y públicos. Por lo cual, una parte de la publicidad del juicio tiene que ver con el conocimiento de la opinión pública de lo que pasa ahí. Creo que la presencia de la opinión pública y de los medios es favorable. En ciertos juicios, sobre todo los que cargan con mucha sensibilidad político-social o temas instituidos como sociales, creo que las cámaras garantizan muchas cosas: una mayor transparencia de cómo actúa la Justicia, le da publicidad al hecho y le da legitimidad al fallo. Sin embargo, creo que no es fácil resolver este tema y, a pesar de que yo soy favorable a que existan las transmisiones y televisaciones de todos los juicios, también hay otros derechos que se juegan ahí.

–¿Y cuál es el papel de estos derechos respecto de la Justicia?

–Quienes son juzgados también tienen derecho a que los medios de comunicación no los pongan en el banquillo de los acusados. Hay todo tipo de derechos en juego, y esto complejiza el tema. No me parece sencillo de resolver, no me parece que sea por sí o por no. Creo que en la Justicia argentina ha habido muchos tipos de casos con respecto al tema de la transmisión de imágenes y de palabras. Para mi el antecedente histórico fue el Juicio a las Juntas, en el año ’85. Porque la Cámara Federal, en ese caso, resolvió primero que canal 7 registrara el hecho histórico –porque lo fue– y nos queda como memoria, porque la Cámara aceptó que la cámara estuviera registrando todo el juicio. Luego decidieron que se pase sólo algunas partes y sin audio, lo cual le daba una especie de restricción a la visibilidad en ese momento. Yo no digo que esté bien o mal, sino que fue una decisión. Por ejemplo, la Cámara Federal que actuó en el caso de Mansión Seré prohibió no sólo la televisación, sino el registro de imágenes.

–¿Cómo cree que impacta en la sociedad esta decisión?

–Me parece que es grave que la Justicia no deje verlo. Sobre todo ese hecho que tiene que ver con la historia y con los derechos humanos. Después ha habido otros casos, como el de María Soledad Morales, la chica catamarqueña, asesinada hace más de diez años por “hijos del poder”. Las cámaras garantizaron que los jueces actuaran con imparcialidad. En el caso del cura Julio César Grassi el tribunal de Morón prohibió no sólo el ingreso de las cámaras, sino el de todas las personas, y además sostenido con un argumento muy endeble: para proteger a las víctimas. Esto me parece una aberración. Pero las víctimas querían a gritos que ingresaran las cámaras. Me parece que es una complejidad de temas la transmisión de los juicios, que ya tiene una densidad de experiencias que tendrían que llevarnos a pensar que la sociedad argentina tiene madurez para ciertas cosas, que la Justicia tiene que garantizar cierta transparencia y cierto registro de la memoria que los ciudadanos tenemos derecho a enterarnos.

–¿Cree que hay interés y expectativas por los juicios de derechos humanos, tanto como lo hubo
por el de las Juntas?

–Un buen caso y emblemático es el que pasó con los juicios en Tucumán a Bussi y Menéndez. Yo creo que la sociedad estuvo muy expectante y me parece que fue bien cubierta la transmisión final, de los alegatos y el fallo, porque eran juicios históricos. Ahora, si me preguntan si la sociedad está igualmente atenta y preocupada por juicios de esta envergadura, creo que no, porque son personajes menos conocidos de la represión ilegal. Hay otros juicios que tienen más interés para la sociedad, justamente porque tienen una carga social, como el de Grassi. Y puede ser que haya algo de morbo o de interés por chusmear algo. Pero, ¿y qué?, diría yo. Cuál es el problema de que la gente quiera saber cómo fue el crimen de María Soledad y si se encontró o no a los culpables, y si realmente la Justicia actuó con ecuanimidad, y todas las preguntas que quieran hacerse. Es una mezcla de todo esto, de cierto disfrute de ver casos policiales resonantes, de ver mezclas que tiene todo juicio, como cuando se juzga al poder, a lo económico, a los político, al poder de la Iglesia o a los represores. Es una mezcla de cosas. Ahora, que la sociedad tiene distintos intereses, sí, es totalmente cierto.

–¿Entonces le resulta positivo la presencia de cámaras?

–Yo no estoy de acuerdo con que haya algo así como un criterio de que el periodismo pueda ingresar a todos los juicios, porque, insisto, hay una conjunción de derechos a preservar. Y si un tribunal oral esgrime argumentos de preservar derechos de testigos o de víctimas o de lo que sea, que sea justificable, yo creo que es atendible eso. Pero tampoco creo en una regla general que se pueda aplicar. Sería bueno que se viera caso por caso, en tendencia favorable a que los juicios orales y públicos sean públicos realmente. Pero en cuestiones de derechos –aunque yo no sea abogado– hay que ser más cuidadoso en la preservación de los ciudadanos.

Por Soledad Lofredo
Fuente: Miradas al sur
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